Costas judiciales: cuando a los soldados le sale más caro que a la Administración defender sus derechos (Público)

La Justicia parece tener baremos dispares para calcular lo que cuesta un proceso contencioso administrativo, es decir, aquél en el que los ciudadanos (particulares, grupos, funcionarios o empresas) echan un pulso al aparato del Estado para defender sus derechos. Dos ejemplos recientes ilustran esta realidad: en uno de ellos, la Administración Pública pagará como mucho 1.000 euros a la asociación de militares ATME; en otro caso, la misma asociación tiene que pagar el triple.