Defensa pierde el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo y deberá pagar a una socia de ATME la totalidad de la indemnización por residencia correspondiente a Melilla

Se le redujo la indemnización al solicitar una reducción de jornada por guarda legal de hijo menor de 12 años

Una socia de la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” reclamó la indemnización por residencia por estar destinada en Melilla, que venía percibiendo en base al Decreto 361/1971 sobre indemnización por residencia, al comprobar que se le reducía por haber solicitado una reducción de jornada por hijo menor de 12 años. En primera instancia le fue denegada su solicitud, fundamentando el Ministerio de Defensa dicho descuento en el Artículo sexto de dicho Decreto.

«El personal que tenga reducido su sueldo por reducciones o equivalencias de jornada, percibirá la indemnización por residencia disminuida en la misma proporción».

El Gabinete Jurídico de la Asociación entendió que no podía ser de aplicación tal artículo, al ser anterior a las actuales modalidades de reducción de jornada que no se contemplaban en aquel entonces.

La anterior argumentación fue estimada mediante sentencia de tres tribunales, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (22 marzo de 2016), de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (18 septiembre de 2017) y de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (22 marzo de 2018).

No obstante, el Ministerio de Defensa, a través de la abogacía del Estado, intentó continuar obstaculizando el derecho de la socia, interponiendo recurso de Casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien nuevamente le ha vuelto a dar la razón.

Defensa sigue buscando, a través de continuos recursos, que los militares abandonen sus derechos, debido al esfuerzo económico que suponen estos litigios.

Ese es uno de los grandes problemas actuales de la Justicia; mientras que a los militares, especialmente a aquellos que tienen menos poder adquisitivo, les supone grandes sacrificios económicos defender sus derechos en los tribunales, al ministerio de Defensa, representado por la abogacía del estado, le cuesta cero euros. Mientras las condenas en costa a los interesados o a la Asociación les puede costar cientos o miles de euros, la condena a Defensa suele ser cero o meramente testimonial.

Esta es una razón más para continuar perteneciendo al proyecto de ATME o unirse a él. Un servicio de asesoramiento ilimitado y una cobertura en un contencioso administrativo o disciplinario dentro de la cuota.

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