La Organización Europea de Asociaciones Militares denuncia el atropello a los derechos de los soldados

 La Organización Europea de Asociaciones Militares denuncia el atropello a los derechos de los soldados

Defiende el derecho de los soldados europeos a formar parte de asociaciones o sindicatos para lo que cuenta con 265.000 € anuales de cuotas de sus miembros

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Españoles (ATME) exponen su problemática como socios

En España, “el derecho de asociación para el personal militar sigue siendo difícil”, denuncia la Organización Europea

19-01-2015

La Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL) defiende el derecho de los soldados europeos a formar parte de asociaciones profesionales o sindicatos. Reclama el derecho de asociación como fundamental para el establecimiento del diálogo social, pero es consciente de que aún no hay libertad plena en los ejércitos de algunos países europeos. “Sin asociaciones o sindicatos profesionales es imposible promover los derechos y las libertades fundamentales en las fuerzas armadas de los países de Europa”, subraya esta organización. Para mantener su neutralidad se financia exclusivamente con las cuotas de afiliación de sus miembros, con las que obtiene 265.000 euros anuales para influir en Bruselas. El cálculo de la tasa se basa en el número de miembros por asociación y tiene en cuenta el poder adquisitivo del país de origen. EUROMIL agrupa a 43 asociaciones nacionales militares y sindicatos, que representan a 500.000 militares en toda Europa. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Españoles (ATME) se cuentan entre sus miembros, además de asociaciones de soldados y mandos que no están en activo.

“Hemos podido ver como durante estos últimos dos años se han pergeñado numerosas leyes relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas, con la seguridad en general que, dada la gran oposición realizada por los destinatarios de las mismas, crean la duda de su acierto y de cuál pueda ser su fin último. Cabe preguntarse si se trata de ofrecer una mayor seguridad al conjunto de la población o, en otro orden de cosas, lo que se persigue es una mayor estabilidad del sistema con grandes dosis de conservación de lo “anterior”, denuncia AUME. Desde ATME también se recoge la ausencia de ”personal de tropa en la composición de la comisión de asesoramiento en relación a la conciliación familiar y laboral del personal militar ante circunstancias excepcionales”.

Se hace eco del arresto de militares españoles y de la no protección como trabajadores de la Guardia Civil

EUROMIL ha denunciado en varias ocasiones los arrestos de militares españoles, con una declaración de protesta al Gobierno español, firmada por su presidente, Emmanuel Jacob. En la misma pide al Ejecutivo y a los mandos del Ejército “detener inmediatamente todas las medidas disciplinarias y judiciales adicionales contra los representantes de las asociaciones de militares en España, que no hacen nada más de la defensa del interés social y moral de los soldados”. Argumentan que los arrestos está en contradicción con varios tratados y recomendaciones internacionales. Al respecto mencionan la ‘Recomendación 2010’ sobre los derechos humanos de Miembros de las Fuerzas Armadas aprobado por unanimidad por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. EUROMIL subraya como a pesar de algunos avances positivos en el reconocimiento de los soldados y -derechos de las mujeres- en España, “el derecho de asociación para el personal militar sigue siendo difícil”.

La Organización Europea de Asociaciones Militares también se ha hecho eco de que, en octubre de 2013, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar plenamente la Directiva que establece las normas básicas sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores a los miembros de la Guardia Civil. La Comisión consideró entonces que España no había garantizado adecuadamente el nombramiento de personal calificado para verificar que las medidas de protección de la salud y la seguridad se ponen en marcha en todos los centros de trabajo de la Guardia Civil. “Esto constituye una violación del artículo 7 de la Directiva 89/391 / CEE, que obliga a los empleadores a proporcionar el personal y los equipos necesarios para garantizar que las acciones de prevención y protección, como las evaluaciones de riesgo, se pueden llevar a cabo”, dictaminó la CE.

EUROMIL requiere a los gobiernos de la Unión Europea a levantar todas las restricciones existentes en materia de derechos civiles y sociales de los soldados. La organización exige a las asociaciones castrenses que respeten y acaten la cadena de mando, y que no apoyen insubordinación y amotinamiento.

Fuente: La Celosia

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