Gobierno justifica la clasificación como “secreto” del expediente a Bravo

Presidente de AUME

Gobierno justifica la clasificación como “secreto” del expediente a Bravo

   MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha justificado el procedimiento seguido contra el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo y la clasificación como “secreto” del expediente disciplinario que se le abrió y por el que se le sometió a un mes y un día de arresto tras declarar en una emisora de radio que antes de recortar el sueldo de los militares se debería ahorra en “gastos superfluos de las Fuerzas Armadas”.

   Así lo asegura el Ejecutivo en sendas respuestas parlamentarias a los diputados Gaspar Llamazares (IU), Irene Lozano (UPyD) y Olaia Fernández Davila (BNG), a las que ha tenido acceso Europa Press.

   Llamazares y Lozano pidieron cuentas a Defensa por su negativa a enviar el expediente contra Bravo, alegando que tenía carácter “reservado”, al juzgado madrileño que aceptó una denuncia del presidente de AUME contra el general de división que le sancionó por sus declaraciones.

   Según recuerdan, Bravo denunció al general de división José Manuel Roldán, jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, antes de que se conociera el arresto que le fue impuesto por haber incurrido en una falta disciplinaria grave, consistente en “hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación social”.

   El presidente de AUME cursó la denuncia alegando que el general de división “carecía de competencia” para sancionarle y que “la mera apertura del expediente suponía ya la adopción de una resolución injusta a sabiendas; es decir, un presunto delito de prevaricación”.

   La denuncia fue admitida a trámite por un juez de Madrid, quien estimó que los hechos presentaban características que hacían presumir “la posible existencia de una infracción penal” y se dirigió al Ministerio de Defensa para reclamar el expediente disciplinario de Bravo.

LA DESCLASIFICACIÓN CORRESPONDE AL GOBIERNO

   Defensa contestó al juez que el expediente estaba clasificado como secreto –“aunque el propio sancionado lo conozca”, según apuntan Llamazares y Lozano– y que sólo podía ser desclasificado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros.

   La diputada de UPyD planteó hasta siete preguntas sobre este particular. Entre otras cuestiones pedía saber si el Gobierno tenía previsto desclasificar el expediente, si considera que este documento puede “puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” y si cree que el juez no “es una persona autorizada para tener acceso a un expediente sobre el que pesa una denuncia”.

   “La información relativa a expedientes disciplinarios del personal de las Fuerzas Armadas está clasificada de acuerdo con la normativa sobre materias clasificadas y reserva actualmente en vigor”. Esta es la escueta respuesta que Defensa ha remitido a Lozano a todas sus preguntas.

LLAMAZARES, LA RESPUESTA MÁS LARGA

   En el caso de Llamazares, el escrito que le ha remitido el ministerio que dirige Pedro Morenés es un poco más extenso. En él se justifica su negativa a remitir el expediente al juez alegando que “sanciones disciplinarias impuestas al personal militar constituyen materia clasificada con la clasificación de Reservado”, según un Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986. También defiende que el arresto de Bravo fue acorde a la normativa vigente, pero deja sin responder la mayoría de las preguntas que registró el diputado de IU.

   La contestación que ha recibido la diputada nacionalista galega es más corta que la enviada a Llamazares y más larga que la remitida a Lozano, si bien Fernández Davila sólo se interesaba por la sanción impuesta a Bravo y no por su carácter secreto.

   Defensa le explica que el arresto fue impuesto por la comisión de una “falta disciplinaria grave” consistente en “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina basadas en aseveraciones falsas; realizadas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”.

   Este castigo, está previsto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas de 1998, según detalla el Gobierno, a la vez que subraya que “el procedimiento seguido se ha ajustado en todo momento a Derecho”.

Fuente: Europa Press

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