El caso de la ex comandante y ahora diputada del PSOE Zaida Cantera, que denunció a su superior por acoso, llevó el pasado año al Ministerio de Defensa a acelerar la elaboración de un protocolo de actuación para luchar contra estos casos en las Fuerzas Armadas. Se trata de un instrumento complementario de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario en el que se incluían aspectos como que las víctimas podrán presentar sus denuncias directamente a la cúpula militar, esto es, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), a los responsables de los dos Ejércitos y la Armada o la Subsecretaria de Defensa, o la creación de Unidades de Protección frente al Acoso (UPA) en cada Mando o Jefatura de Personal de los Ejércitos, en la Dirección General de Personal y en la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa, que se encargarán de la prevención y de servir de canal de asesoramiento y protección.

Tal y como se desprende de la orden ministerial, se trata de «una unidad externa a la cadena orgánica de mando que tiene por finalidad prevenir y proteger ante cualquier conducta susceptible de ser acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas». Y dará asistencia a «todos los militares que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, a los reservistas, centros y organismos del Ministerio, y a los alumnos de los centros docentes militares y a los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar».

Estas unidades estarán formadas por militares de distintas escalas y por personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Sanidad, que llevaran a cabo campañas de sensibilización y que podrán «tramitar la denuncia en vía disciplinaria», remitiéndola a la cúpula militar.

Las unidades son parte del citado Protocolo de actuación frente al acoso, en el que Defensa buscaba que la acosada «supere el miedo a denunciar», sobre todo en aquellos casos en los que el supuesto acosador es el superior jerárquico. Además, marca una serie de medidas de protección a la víctima y otras cautelares contra el supuesto agresor. En cuanto a las víctima, se pondrá a disposición de la militar acosada la posibilidad de cambiar de puesto o de destino. Mientras que al agresor se le cambiará de puesto si así lo decide el Jefe de Unidad o pasará a la situación de suspenso de funciones. También se adoptarían medidas cautelares contra él como el arresto cautelar o el cese en sus funciones por un máximo de dos días; el arresto preventivo o el cese de sus funciones por un máximo de 20 días o el pase a la situación administrativa de suspenso de funciones por seis meses.

Fuente: La Razón